“Como migrante que ha partido de su país por una crisis humanitaria, mi más grande petición es mejorar las condiciones para que la regularización sea lo más accesible posible. Esto permitiría una mayor adaptación cultural y de integración”. 

Migrante venezolana residente en Panamá

El día 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Migrante. Esta es una oportunidad para que los países reflexionen sobre las causas de la migración, especialmente la que se da de manera forzada, las contribuciones de las personas migrantes a las sociedades de acogida y el respeto de sus derechos humanos.

En la última década, el número de inmigrantes en la región de Latinoamérica y el Caribe aumentó en un 66%. A pesar de lo anterior, y considerando las características de riesgo de las recientes olas migratorias venezolana y centroamericana, se ha evidenciado la debilidad de los mecanismos de protección y garantía de derechos humanos de las poblaciones migrantes.

5,4 millones de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas de Venezuela han salido de su país, constituyéndose en el movimiento más grande de personas en la historia de la región, muchos de ellos con necesidades de asistencia humanitaria tal como refleja el Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela que estima 7.20 millones de personas con necesidades de asistencia para finales del año 2021. De igual forma, también se ha incrementado la migración en Centroamérica debido a la falta de oportunidades, pobreza, impacto de cambio climático y/o situaciones de violencia o reunificación familiar, lo que ha conllevado la aparición de las “caravanas migrantes”, en las que miles de personas viajan juntas vía terrestre hacia Estados Unidos para disminuir los riesgos. Sin embargo, las condiciones del viaje, la presencia de bandas criminales y las medidas restrictivas de control migratorio, continúan representando un riesgo para la vida de las personas, llegándose a reportar fallecimientos y asesinatos.     

En todos estos movimientos migratorios, es notable la presencia de personas en mayor riesgo como las mujeres, niñez y adolescentes, especialmente las niñas, la niñez separada o no acompañada, miembros de las comunidades indígenas, personas con discapacidad y grupos LGTBQI+. Éstas se exponen a todo tipo de riesgos, incluida la trata de personas y al tráfico de migrantes.

Durante 2020, este panorama se ha visto exacerbado por la pandemia Covid-19 y los efectos de los huracanes ETA e IOTA, que ha traído importantes repercusiones para la población migrante como la pérdida de medios de vida y, con ello, la dificultad para acceder a alimentos, vivienda y servicios de salud, así como también un alza en la violencia sexual y basada en género. Por otra parte, se han incrementado los niveles de xenofobia en países de acogida, el empeoramiento de las secuelas psicosociales y la ampliación de las brechas en educación.

En este contexto, la Coalición LAC RMD ve con seria preocupación el incremento de las vulnerabilidades que enfrentan muchas personas migrantes que ponen en riesgo su seguridad y sus vidas, y hace un llamado urgente a los Estados a recordar los compromisos asumidos con el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, los instrumentos de Derechos Humanos y con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible que está orientada hacia el compromiso de “no dejar a nadie atrás”, incluidas las personas migrantes.

La próxima revisión sobre la implementación del Pacto Mundial sobre Migración que se llevará a cabo en marzo de 2021, es el momento oportuno para que los países reflexionen sobre los avances en la implementación del Pacto, a través de procesos participativos que incluyan la participación de la sociedad civil y de las poblaciones migrantes. Es necesario discutir sobre los desafíos que enfrentan los y las migrantes respecto a sus

políticas migratorias, y sobre las oportunidades de integración en las comunidades de acogida, lo cual facilitará su contribución al desarrollo y recuperación económica.

Por lo anteriormente expuesto la Coalición LAC RMD llama a los Estados a:          

• Revisar sus políticas migratorias, recordando que tanto los marcos regulatorios como las estructuras que determinan el actuar de los Estados en el abordaje de la migración, debe tener un enfoque de Derechos Humanos. 
• Fortalecer las respuestas con ámbito regionales de manera que den soluciones sostenibles a las migraciones según sus características y necesidades, así como para enfrentar los riesgos de protección como el tráfico y la trata de personas, y el reclutamiento de migrantes por grupos armados.
• Priorizarel apoyo a los sectores de protección, salud, incluyendo salud sexual y reproductiva, seguridad alimentaria, vivienda, integración, educación, prevención y respuesta a violencias basadas en género y apoyo psicosocial, con un enfoque transversal de género y etario. Debe prestarse especial atención a las poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad como son los niños, niñas y adolescentes, la niñez separada o no acompañada, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, víctimas de la trata de personas y sobrevivientes de la violencia de género.
• Garantizar la participación activa, sustancial y vinculante de la sociedad civil y de la población migrante, en los espacios de coordinación y toma de decisiones, promoviendo una adecuada coordinación entre los actores locales, nacionales y regionales, asegurando respuestas integrales, multisectoriales, multianuales y con enfoque tanto en las necesidades urgentes, como en soluciones de mediano y largo plazo de la población migrante y de las comunidades de acogida.
• Promover espacios de diálogo como mecanismos de escucha y de integración de los derechos de la población migrante, en donde líderes, lideresas comunitarias, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y de la comunidad LGTBI+ puedan compartir sus experiencias, desafíos y propuestas ante gobiernos y tomadores de decisión.
• Garantizar que las personas migrantes puedan acceder al asilo, en los casos que  sea necesario, o a alternativas migratorias que no vulneren sus derechos. Es también importante integrar el principiode no devolución cuando la seguridad, la libertad o la vida de las personas migrantes pueda estar en riesgo.
• Promover que, en el contexto de la pandemia aún vigente, los gobiernos de la región: a) protejan a todos los habitantes de su territorio, sin discriminación por motivos de nacionalidad y condición migratoria; b) garanticen acceso a servicios de salud y medidas de prevención y control de la enfermedad; c) aseguren el acceso de la población migrante a los programas de protección y asistencia social;  d) eviten la estigmatización, las actitudes xenófobas y la violencia basada en género; y e) integren a las personas migrantes en las medidas de reactivación económica.

En el Día Internacional del Migrante, la Coalición reafirma su compromiso para continuar trabajando con los Estados para aportar al debate, poniendo a disposición nuestro soporte, experiencia y conocimientos para trabajar de manera coordinada por el bienestar e integridad de las personas migrantes, promoviendo su participación, incluidas las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes, y contribuir a la búsqueda de soluciones duraderas y a la garantía de sus derechos humanos.